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Diputada Claros denuncia a presunto «clan familiar Torres-Medinaceli» por tráfico de cargos y concesiones mineras ilegales en Potosí
La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, denunció la presunta existencia de un «clan familiar» afín al gobierno, identificado como Torres-Medinaceli, vinculado a la venta irregular de cargos públicos y de áreas mineras en el departamento de Potosí. La legisladora señaló como cabecilla del grupo a Sergio Medinaceli, padre del ex ministro de Hidrocarburos, y lo vinculó directamente con su hijo Alejandro Medinaceli, actual diputado del PDC y considerado brazo derecho del presidente Rodrigo Paz. En la denuncia también fueron mencionados los parlamentarios Juan José Torres y Katia Aranda.
Según Claros, el grupo opera como una «logia de corrupción» que estaría acomodando cargos sin respetar la meritocracia, favoreciendo a familiares, compadres y allegados. Como ejemplo, citó el caso del actual gerente de ENTEL en Potosí, un abogado sin pertinencia profesional para el cargo, quien habría sido asistente de gestión pública (AGP) y parte de la campaña de la diputada Katia Aranda. De igual forma, denunció que el esposo de la misma legisladora figura actualmente como su AGP, lo que configuraría nepotismo y designaciones ilegales. La diputada afirmó que existen al menos 50 funcionarios designados de manera irregular.
La segunda parte de la denuncia apunta a la minería ilegal. Claros acusó al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, de avalar contratos ilegales y el favorecimiento a particulares con concesiones mineras, pese a los esfuerzos de años para liberar áreas mineras para cooperativistas. «Todo el trabajo para liberar áreas ahora ya está concesionado a los amiguitos de estos señores que son parte del aparato del Estado», afirmó, asegurando que el 80% de la minería en Potosí sería ilegal y que la irregularidad se extiende a La Paz, Santa Cruz y Oruro.
Ante estos hechos, la parlamentaria potosina anunció el inicio de acciones legislativas. Informó que planteará una interpelación al ministro de Minería y una Petición de Informe Oral al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Zamora, para que explique por qué habría avalado la designación del gerente de ENTEL en Potosí. Asimismo, solicitará la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar las designaciones, las concesiones y el presunto enriquecimiento ilícito por favorecimiento en razón del cargo.
Claros cuestionó el discurso del gobierno de Rodrigo Paz sobre la erradicación de funcionarios masistas, asegurando que sus propios parlamentarios estarían «prebendalizando» las instituciones. «No vamos a permitir que utilicen al departamento de Potosí como su patio trasero. Alejandro Medinaceli es el mandamás en Potosí y hace lo que le da la gana, y sus operadores son estos dos diputados», sentenció. Advirtió que, junto a un equipo de juristas, continuará con las denuncias penales pese a intentos de intimidación y exigió sanciones inmediatas contra los responsables.
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Transporte Pesado denuncia que rebaja del diésel a Bs 16,50 es una «cortina de humo» para frenar movilizaciones
El representante del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Pedro Quispe, afirmó que la reducción del precio referencial del diésel a Bs 16,50 por litro es una «cortina de humo» del Gobierno para desactivar las protestas. Sostuvo que la medida busca «marear la perdiz» y bajar la presión de los sectores productivos movilizados que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676, norma que inicialmente fijó el litro de diésel en Bs 18.
Quispe exigió a las autoridades sincerar el costo real de los combustibles y definir un precio único sin subvención. «Que digan de una vez cuánto va a costar el diésel y la gasolina, a partir de cuándo se va a vender y qué empresas van a traer y a qué precio. Sean sinceros, francos. En Bolivia no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, tiene que haber un solo precio como en Chile y Paraguay«, manifestó. Cuestionó que hasta ahora el Ejecutivo no aclara el origen del combustible ni las condiciones de importación.
El dirigente criticó duramente la reciente intervención de YPFB y la ANH, al recordar que su sector denunció con anticipación la escasez, el mal manejo, robos, el cambio de color de la gasolina y la mezcla irregular con etanol y alcohol. «¿Por qué recién actúan? Ya no hay gasolina, ya no hay diésel, las movilidades están fregadas y ahora quieren tapar todo. Así de clarito nomás es esto», dijo, al señalar que esas acciones no resolverán el desabastecimiento estructural mientras el dólar siga inestable.
Para Quispe, la importación privada es inviable en las actuales condiciones económicas. «Nuestro dólar no es estable, nadie podrá importar. Hoy compras en 14 y tienes que vender en 12, nadie se va a prestar a eso», explicó. Aseguró que la crisis mantiene paralizado al 70% del transporte pesado a nivel nacional, mientras solo entre un 30% y 40% continúa operando con dificultades, debido a que ya no existe carga de importación ni exportación.
Finalmente, reiteró que la rebaja del precio referencial no es una solución de fondo y que el sector se siente engañado. «Parece que nos están engañando, nos están mareando la perdiz porque no tienen diésel ni gasolina ni capacidad para traer. Habrá que ver de fondo cuál es la meta y cuál es la solución», concluyó, al adelantar que el tema será analizado con cámaras departamentales, cooperativas y empresarios para definir nuevas medidas de presión.
