LEY 1720 Y CASO CRAPUZZI
“Al cruceño no le importa lo que haga su vecino, con tal de que no le afecte”
Es una frase popular en Santa Cruz, aunque se escucha cada vez menos. Resume el sentido práctico de ‘cada quien en lo suyo, mientras no me toquen’. Bajo esta lógica, el rechazo a la Ley 1720 en La Paz y otras regiones resulta, cuando menos, desconcertante. Porque la conversión a propiedad mediana o empresarial —según sus defensores— es voluntaria, está dirigida a quienes tienen tierra y no afecta a los demás. Entonces, ¿por qué oponerse?
Es una pregunta legítima que exige respuestas.
Una manera de abordarla es traer a colación el caso Crapuzzi. Es un caso emblemático de lo que ocurre cuando el vecino amenaza lo público. Aunque no afecta de manera directa a los cruceños, todos se volcaron en contra del intento de despojo de los predios del mercado Mutualista. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca apropiarse fraudulentamente de un bien público, el asunto se vuelve de interés colectivo.
La Ley 1720 es un mecanismo habilitante de un modelo de negocio idéntico al del caso Crapuzzi. Crea las condiciones para convertir tierras fiscales que fueron adjudicadas y tituladas como “pequeñas propiedades ganaderas”, sin serlo realmente.
Una evidencia concreta: quienes estos días se mostraron ante cámaras y medios como pequeños propietarios tienen tierras efectivamente, pero no están registradas a su nombre. ¿Por qué? Porque, exceptuando casos respetables e inobjetables, esas tierras están a nombre de terceros, prestanombres y “palos blancos”. Es la manera en que se apropiaron al margen de la ley. Y ahora, la Ley 1720 allana el camino para reproducir el esquema Crapuzzi.
Entonces, volviendo a la pregunta inicial: oponerse a la ley no tiene que ver con si a uno le afecta directamente o donde vive, sino con un principio elemental: apropiarse fraudulentamente de tierras y bosques de dominio común no está bien para nadie. Es lucro privado con afectación al Estado.
Quienes se oponen a la Ley 1720 lo hacen por las mismas razones por las que los cruceños rechazan la sentencia constitucional que favorece a los Crapuzzi.
