Las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha, que dejaron fallecidos y heridos, vuelven a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y protección de los conscriptos, además de reactivar la discusión sobre el futuro del servicio militar obligatorio en el país.
Domingo, 13 de septiembre de 2026.- La tragedia ocurrida en el Regimiento Bolívar de Viacha no solo derivó en investigaciones por las circunstancias en las que se produjo la explosión y el almacenamiento de material explosivo, sino que también abrió nuevamente un debate que Bolivia mantiene desde hace varios años: la continuidad del servicio militar obligatorio para los varones o la posibilidad de avanzar hacia un sistema voluntario y, eventualmente, hacia alternativas de servicio civil o comunitario.
Un relevamiento de El Deber identificó 22 conscriptos fallecidos en seis departamentos desde 2025, de los cuales al menos 13 corresponden a 2026. Entre ellos se encuentran los nueve fallecidos confirmados tras las explosiones registradas en Viacha. Cinco de estos cuerpos permanecen pendientes de identificación mediante pruebas de ADN.
El hecho generó además cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad existentes dentro de los recintos militares y sobre los mecanismos destinados a proteger a quienes cumplen con el servicio.
En el ámbito legislativo, el diputado Rudy Pantaleón (PDC) manifestó que la obligatoriedad del servicio militar debe mantenerse, aunque consideró que cualquier modificación o debate sobre el sistema debe ser abordado mediante consenso.
Por su parte, Catherine Pinto, presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, recordó que actualmente existen otras alternativas de formación y servicio, entre ellas el premilitar, el servicio voluntario y el SAR. Asimismo, sostuvo que en el caso de Viacha existen responsabilidades que deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.
La discusión también está relacionada con las observaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo. Su Informe Anual 2025 identificó a los cuarteles como espacios de “alto riesgo institucional” frente a posibles malos tratos y señaló falencias de infraestructura y debilidades en los mecanismos de denuncia en unidades militares de Puerto Quijarro, Guaqui y Chimoré.
El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín planteó que el debate debería ir más allá de las condiciones dentro de los cuarteles y alcanzar la propia obligatoriedad del servicio militar. Como referencia, mencionó modelos voluntarios aplicados en países como Estados Unidos y Perú y propuso que quienes no opten por la formación militar puedan cumplir un servicio comunitario mediante una vía civil.
Esta última alternativa, sin embargo, implicaría una modificación de carácter constitucional.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo mantiene abierta otra investigación. El pasado 9 de septiembre inició actuaciones en el Regimiento “Tarapacá” de Coro Coro después de que una madre denunciara presuntas agresiones contra su hijo durante el cumplimiento del servicio militar.
La tragedia de Viacha, por tanto, vuelve a colocar en el centro de la agenda nacional una pregunta de fondo: ¿debe Bolivia mantener el actual sistema obligatorio de servicio militar o avanzar hacia un modelo que incorpore mayores alternativas de carácter voluntario y civil?
El debate deberá considerar no solo la normativa vigente, sino también las condiciones de seguridad, los mecanismos de protección de los conscriptos y las responsabilidades que correspondan ante hechos que pongan en riesgo su integridad.