Por Roxana Lizárraga Vera – Periodista y abogada boliviana en el exilio
En campaña se pueden decir muchas cosas. Gobernar, en cambio, significa enfrentarse a las cuentas reales del Estado. Bolivia atraviesa una crisis económica severa, y el Gobierno de Rodrigo Paz acaba de tomar una de sus decisiones más difíciles: eliminar la subvención al diésel, después de la aprobación legislativa de un programa de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional. La reducción de los subsidios forma parte de los compromisos asumidos dentro de ese programa.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a recordar lo que se dijo durante una campaña electoral. La pregunta fundamental es otra: ¿qué hará el Gobierno con el sacrificio que ahora se exige a los bolivianos?
Eliminar una subvención de esta magnitud tendrá consecuencias sobre el transporte, la producción y el costo de vida. Por eso, una medida de esta naturaleza solo puede sostenerse socialmente si viene acompañada de protección efectiva para los sectores más vulnerables, apoyo a la producción, disciplina fiscal y ABSOLUTA TRANSPARENCIA SOBRE CADA DÓLAR QUE INGRESE AL PAÍS Y CADA DÓLAR QUE DEJE DE GASTARSE EN SUBVENCIONES. El Gobierno ha anunciado bonos, créditos productivos y la reasignación de esos recursos; ahora corresponde fiscalizar que esas promesas se cumplan.
Bolivia tampoco puede continuar sosteniendo estructuras que consumen recursos públicos sin producir resultados para la ciudadanía. El país necesita revisar privilegios, ineficiencias, corrupción y cualquier mecanismo mediante el cual grupos políticos, corporativos o sindicales puedan capturar recursos del Estado. El ajuste no puede recaer únicamente sobre la familia que trabaja, produce y llega con dificultad a fin de mes.
Y hay otro asunto que no puede desaparecer de la agenda: la investigación de la gasolina contaminada. Este no es un tema de discursos ni de banderas políticas. YPFB reconoció públicamente el impacto sobre transportistas y familias y asumió responsabilidad institucional; además, una comisión especial de Diputados identificó irregularidades y remitió antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría y el Ejecutivo para determinar responsabilidades.
Por eso debe investigarse hasta el final. Si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales, deben individualizarse mediante el debido proceso. Y si se demuestra que ciudadanos sufrieron daños patrimoniales por combustible defectuoso, deben establecerse también las responsabilidades y reparaciones que correspondan. Ni encubrimiento para los anteriores ni impunidad para los actuales.
Rodrigo Paz gobierna en circunstancias extraordinariamente complejas. Eso hace todavía más necesario que escuche a quienes conocen la economía, la producción y la administración pública; que acepte la fiscalización; y que comprenda que ninguna emergencia puede convertirse en un cheque en blanco para el poder.
Bolivia necesita recuperar estabilidad, producción y confianza. Pero necesita recuperar algo todavía más difícil: la certeza de que el sacrificio de la gente no terminará financiando nuevos privilegios, corrupción o negociados.
El poder es transitorio. La responsabilidad ante un país permanece.
Roxana Lizárraga Vera
Periodista y abogada boliviana en el exilio