Rodrigo Paz miente: Ley 157 beneficia al agronegocio, no al campesino
Roberto A. Barriga.
Rodrigo Paz miente: la Ley 157 no beneficia al campesino, sino que está diseñada para el agronegocio y la consolidación de un “capitalismo para todos” que amenaza con la extinción de la agricultura familiar en Bolivia. Este lunes, el presidente defendió la polémica norma asegurando que es un proceso “voluntario” que no afecta tierras comunales y que busca liberar a los pequeños productores de los “prestamistas”. Sin embargo, su discurso choca frontalmente con la realidad de una ley que, según análisis técnicos, esconde un mecanismo de despojo y beneficia a una élite agroindustrial, mientras una marcha indígena y campesina avanza hacia La Paz para exigir su abrogación.
La defensa del presidente: un discurso lleno de falsedades
En medio de las crecientes protestas, el presidente Paz montó una defensa de la Ley 157 basada en promesas de independencia económica para el pequeño productor. “Lo que buscamos es que el productor rural pueda generar su propio negocio sin depender de grandes empresarios”, afirmó este lunes 14 de abril.
Según Paz, la ley es una herramienta para acceder a créditos con tasas de interés bajas (3% al 5%), usando la tierra como garantía. Mencionó como ejemplo a los viticultores de Tarija, asegurando que “el que quiere se aplica la norma, el que no, no”. Este discurso se alinea con su visión de un “capitalismo para todos”, presentada en el Foro Empresarial Iberoamericano en Cochabamba, donde afirmó que “el capital tiene que ser la centralidad para generar riqueza”.
La realidad de la ley: el mecanismo del despojo
El relato presidencial oculta deliberadamente los peligros que la norma entraña y que han sido advertidos por organizaciones como la Fundación TIERRA. La promesa de crédito es una trampa mortal, ya que la ley elimina la protección constitucional que hace de la pequeña propiedad un patrimonio inembargable e indivisible.
Adiós a la protección constitucional
Al convertirse en “propiedad mediana”, la tierra campesina se transforma en una mercancía. El pequeño productor, tentado a hipotecar su tierra, queda a merced del sistema financiero. Ante una mala cosecha, el banco ejecutará el embargo. ¿Quién comprará esa tierra en el remate? Los grandes empresarios del agronegocio, como el “rey de la soya” brasileño Eraí Maggi o las familias Marinković y Monasterio, quienes podrán expandir legalmente sus dominios.
Un falso beneficio que excluye a la mayoría
La mentira más grande de Paz es a quién beneficia la ley. La Fundación TIERRA demostró que el 74% de las pequeñas propiedades son minifundios de menos de dos hectáreas. Por su bajo valor, estas parcelas no son hipotecables y quedan excluidas. La ley, en realidad, está diseñada para “blanquear” a quienes titularon fraudulentamente grandes extensiones como “pequeña propiedad” para evadir controles y ahora podrán legalizar su estatus y acceder a financiamiento.
La voz ignorada: marcha campesina y amenaza a la soberanía alimentaria
Mientras Paz defendía su ley, una marcha de campesinos e indígenas de Pando y Beni avanzaba hacia La Paz, desmintiendo en la práctica el discurso oficial. Los movilizados no protestan por “desinformación”, sino porque saben que esta ley significa la “extinción del campesino”.
El impacto en la seguridad alimentaria del país sería devastador. Actualmente, la agricultura familiar —la que ahora marcha— provee el 98,5% de la canasta básica. En contraste, el agronegocio, que se beneficiará de esta ley, apenas contribuye con el 12,4% y paga impuestos irrisorios (menos del 1% de sus ventas, según estudios).
Irónicamente, la ley fue presentada originalmente por un sector del MAS ligado al expresidente Luis Arce, cuya familia tiene vínculos con el agronegocio cruceño. Su promulgación por Rodrigo Paz demuestra una agenda transpartidaria que favorece a una élite a costa del futuro del campo y la alimentación de todos los bolivianos.
