Discurso de crisis, presupuesto inflado: el doble estándar del Gobierno queda al descubierto
Hay algo que no cuadra. Mientras el Gobierno insiste en que el país está “quebrado”, que no hay recursos para atender demandas básicas como el aumento salarial, y que todos debemos “ajustarnos los cinturones”, los números cuentan una historia muy distinta… y profundamente preocupante.
El presupuesto modificado 2026 revela una cifra que lo cambia todo: 995 millones de bolívares destinados a sueldos y salarios en apenas 10 ministerios. Lo más grave no es solo el monto, sino la falta de transparencia. Esta cifra aparece sin desglose, sin explicación clara, sin el mínimo nivel de detalle que permita a la ciudadanía entender en qué —y en quiénes— se está gastando.
Si se compara con el presupuesto ejecutado en 2025, donde el gasto en sueldos y salarios fue de 709 millones de bolívares (debidamente detallado por ministerio), el incremento es escandaloso: más de 285 millones adicionales, es decir, un aumento cercano al 40% en un solo año.
¿Dónde está la austeridad de la que tanto hablan?
¿Quiénes se están beneficiando de este incremento?
¿Y por qué ocultar la información si no hay nada que esconder?
El argumento de que algunos ministerios han asumido funciones de entidades desaparecidas puede justificar ciertos ajustes. Pero no alcanza —ni de lejos— para explicar un crecimiento de tal magnitud. Aquí no estamos hablando de reorganización administrativa: estamos frente a un posible abuso de recursos públicos, disfrazado bajo un discurso de crisis.
La falta de desagregación no es un error técnico, es una decisión política. Una forma de evitar el escrutinio, de esconder privilegios, de proteger intereses. Porque si se mostraran los datos completos, sabríamos exactamente qué ministerios concentran el mayor incremento y quiénes están detrás de este aumento.
Es momento de exigir respuestas.
El Ministerio de Economía tiene la obligación de presentar el detalle completo, ministerio por ministerio.
La Asamblea Legislativa debe cumplir su rol fiscalizador y rechazar o devolver este presupuesto hasta que se transparente cada cifra.
Si el sacrificio es real, debe ser compartido.
No puede haber un discurso de ajuste para el pueblo y una práctica de expansión para el poder.
La coherencia no es opcional cuando se gobierna.
Y la honestidad no debería ser un riesgo.
