¿Quién perdió en los más de 50 días de conflicto y bloqueos?
Los conflictos sociales prolongados suelen dejar una pregunta fundamental: ¿quién ganó y quién perdió? En el caso de los bloqueos que se extendieron por más de 50 días en La Paz y El Alto, la respuesta parece ser más compleja de lo que muestran los discursos políticos de uno y otro sector.
El origen: una demanda legítima
Toda movilización nace de una necesidad. Las protestas surgieron inicialmente por el rechazo a medidas gubernamentales consideradas perjudiciales para determinados sectores sociales, particularmente en temas relacionados con tierras, economía familiar y atención estatal. A ello se sumaron reclamos acumulados por la falta de respuestas del Gobierno a diversas demandas sociales.
Durante las primeras semanas, la movilización tuvo un fuerte respaldo ciudadano. Las calles reflejaban un sentimiento de indignación que trascendía a los dirigentes y se convertía en una expresión colectiva del descontento popular.
La politización del conflicto
Sin embargo, cuando un conflicto social se prolonga demasiado, suele aparecer un fenómeno recurrente: la politización.
Lo que comenzó como una demanda ciudadana terminó incorporando actores políticos con intereses propios. La agenda inicial fue desplazándose gradualmente hacia objetivos de carácter político, entre ellos pedidos de renuncia presidencial y disputas por espacios de poder.
En ese contexto, muchos dirigentes quedaron atrapados entre las exigencias de sus bases y las negociaciones con el Gobierno.
La fractura de la dirigencia
Uno de los momentos más significativos fue cuando diversos sectores comenzaron a dialogar por separado con el Ejecutivo.
Transportistas, cooperativistas mineros y otras organizaciones alcanzaron acuerdos específicos para atender sus demandas sectoriales. Desde una perspectiva pragmática, estos dirigentes consiguieron respuestas concretas para sus afiliados.
Pero desde la visión de una parte de la población movilizada, aquello fue interpretado como una ruptura de la unidad del movimiento.
La consecuencia inmediata fue una pérdida de confianza entre dirigentes y bases sociales. Cuando los líderes regresaron con acuerdos firmados, muchos manifestantes sintieron que la demanda colectiva había sido reemplazada por intereses particulares.
El mayor perdedor: la economía popular
Si existe un sector claramente perjudicado, fue la economía informal y los trabajadores de ingresos diarios.
La vendedora ambulante, el transportista independiente, el pequeño comerciante, el cargador de mercado y miles de trabajadores que viven del ingreso diario fueron quienes soportaron el costo más alto del conflicto.
Mientras los actores políticos continuaban sus disputas, muchas familias dejaron de percibir ingresos suficientes para cubrir alimentación, transporte y necesidades básicas.
En conflictos prolongados, las estadísticas económicas suelen hablar de millones perdidos, pero detrás de esos números existen hogares que viven al día y que no cuentan con ahorros para resistir semanas de paralización.
La Paz perdió competitividad económica
El departamento de La Paz también sufrió consecuencias estructurales.
Los bloqueos afectan la circulación de mercancías, el abastecimiento, el turismo, la inversión y la confianza empresarial.
Cuando una región permanece paralizada durante semanas, los efectos no desaparecen inmediatamente después del levantamiento de las medidas de presión. Muchas actividades tardan meses en recuperar su ritmo normal.
La incertidumbre se convierte en un costo invisible que termina afectando a toda la población.
La ausencia de una estrategia común
Otro elemento que revela este conflicto es la falta de una agenda unificada.
Las grandes movilizaciones populares de las décadas de los años 80 y 90 lograron trascendencia nacional porque contaban con objetivos claros, liderazgos reconocidos y estrategias definidas.
En este caso, las demandas parecieron multiplicarse con el paso de los días. Algunos sectores exigían soluciones económicas, otros planteaban cambios políticos y otros buscaban reivindicaciones sectoriales.
La diversidad de demandas debilitó la capacidad de negociación colectiva.
¿Perdió el Gobierno?
El Gobierno también sufrió desgaste.
La incapacidad para resolver oportunamente los conflictos generó cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y diálogo.
Cuando una protesta se extiende durante casi dos meses, existe una señal evidente de que los mecanismos institucionales de resolución de conflictos no funcionaron de manera eficiente.
Aunque el Ejecutivo haya logrado acuerdos con algunos sectores, el costo político del conflicto permanece.
Conclusión
La pregunta «¿quién perdió?» tiene una respuesta amplia.
Perdieron los trabajadores informales que dependen del ingreso diario.
Perdió la economía paceña por la paralización de actividades.
Perdieron los dirigentes que vieron debilitada su credibilidad ante sus bases.
Perdió el Gobierno al evidenciar dificultades para anticipar y resolver el conflicto.
Y perdió la sociedad boliviana porque la confrontación terminó dividiendo a sectores que, en esencia, pertenecen a la misma realidad social y económica.
La principal lección es que ningún conflicto prolongado puede sostenerse indefinidamente sin afectar a quienes pretende defender. Cuando la protesta deja de generar soluciones y comienza a profundizar el desgaste social y económico, la victoria de unos termina pareciéndose mucho a la derrota de todos.
Autor: #JVA #PrenssOn
