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En conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, informรณ que, con el propรณsito de atender las demandas de la marcha de campesinos e indรญgenas que partiรณ desde Pando con destino a La Paz en rechazo a la Ley 1720 de conversiรณn de la clasificaciรณn de la pequeรฑa propiedad a mediana, el Gobierno nacional ha dispuesto el traslado de una comisiรณn de alto nivel hasta el municipio de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, para establecer un espacio de diรกlogo constructivo.
La delegaciรณn estรก encabezada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Dรญez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaรฑo, junto al director nacional del INRA, Hernรกn Pereira, y un equipo tรฉcnico especializado. Esta comisiรณn brindarรก informaciรณn precisa sobre los alcances reales de la normativa.
El ministro Justiniano enfatizรณ que la ley tiene como objetivo central otorgar mayores oportunidades de desarrollo y libertad econรณmica a los pequeรฑos productores, garantizando en todo momento la protecciรณn de la propiedad comunitaria. โLa ley aplica รบnica y exclusivamente a la pequeรฑa propiedad privada; bajo ninguna circunstancia afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)โ, subrayรณ la autoridad.
Asimismo, aclarรณ que el proceso de conversiรณn es un acto de libre voluntad del propietario. La norma no establece ninguna obligatoriedad, es el titular quien decide, de forma autรณnoma, si desea acogerse a este beneficio. โEsta ley otorga libertad al pequeรฑo productor para que disponga de su patrimonio, facilitando el acceso al capital de trabajo necesario para dinamizar rubros como la producciรณn de hortalizas, cรญtricos, lecherรญa y agricultura, entre otrosโ, explicรณ.
La Ley permite que el pequeรฑo productor acceda al sistema financiero formal con tasas de interรฉs competitivas, que oscilan entre el 6% y el 9%. Actualmente, muchos productores se ven obligados a recurrir a crรฉditos de casas comerciales o mayoristas con tasas de interรฉs elevadas, que varรญan entre el 18% y el 28%, lo cual limita significativamente su capacidad de crecimiento y sostenibilidad.
Finalmente, el Gobierno nacional ratifica su plena apertura al diรกlogo con los pueblos indรญgenas y organizaciones sociales, por lo que garantiza que estos sectores no estรกn sujetos a la norma y adicionalmente, serรกn convocados a participar activamente en la etapa de reglamentaciรณn, con el fin de asegurar que sus derechos territoriales sean plenamente respetados.
